La Ley de Contratos del sector público como instrumento contra los municipios

La trasposición en el ordenamiento español de las directivas europeas relativas a la adjudicación de contratos de concesión y a la contratación pública, a través de la modificación de la Ley de Contratos del sector público, representa una vuelta de tuerca más en la aplicación de las políticas ultra liberales del Partido Popular en relación con las administraciones locales, toda vez que limitan drásticamente su autonomía y supeditan el interés general al de las grandes empresas al imponer consideraciones de competencia mercantil frente a las del servicio público.
Pero el proyecto de ley de contratos del sector público que se está tramitando en el Congreso corre el peligro de radicalizarse yendo más allá que la propia directiva que se quiere trasponer,  si se aprueba una serie de enmiendas exactamente iguales presentadas por Ciudadanos y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), demostrando que para la derecha no existen fronteras ni diferencias ideológicas cuando se trata de defender los intereses de tres o cuatro grandes corporaciones empresariales.

Estas enmiendas suponen la modificación de varias normas y disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local al exigir que se realice por parte de los órganos competentes en materia de defensa de la competencia, un escrutinio previo a cualquier proceso de remunicipalización, llegando a plantear que, en los servicios siempre que el mercado relevante afectado sea de ámbito nacional, el escrutinio lo realice nada menos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero, es más, en el caso de monopolio de servicios, el escrutinio será de obligado cumplimiento y deberá realizarse, incluso, en aquellos casos en los que actualmente los servicios son de gestión directa. De esta forma se ataca a la autonomía municipal al pretender dificultar, cuando no impedir, que los servicios públicos objeto de las competencias de las Administraciones Públicas se presten directamente por las mismas.

Las enmiendas contemplan también la derogación de artículos del Estatuto de los trabajadores y de los convenios colectivos de aplicación, infringiendo la Directiva 23/2001 / CE, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas por impedir la subrogación como consecuencia de limitaciones o restricciones de índole presupuestario, en contra de las competencias de los órganos de las administraciones públicas, que pueden decidir prestar el servicio de forma directa con el presupuesto que ya dedican al pago del contrato externalizado. 

Pero, además, en caso de aprobarse, las enmiendas de Cs y PDeCat se impedirán de hecho los procesos de remunicipalización al entender aplicables los límites sobre la masa salarial y de tasa de reposición de efectivos, sin tener en cuenta el ahorro que eso puede suponer en términos globales. 

Y esta iniciativa de la derecha española en contra de los procesos de remunicipalización se pone en marcha cuando en toda Europa hay una tendencia en alza por recuperar la gestión pública, en la que ciudades como Paris, Berlín o Montpelier han decidido soberanamente gestionar sus los servicios de abastecimiento de agua con modelos transparentes, participativos y con rendición de cuentas.

Por tanto, entendemos que las enmiendas presentadas por Ciudadanos y el PDeCat deben retirarse, ya que:

Atentan contra la autonomía local, quedando los municipios como delegaciones administrativas sin capacidad de decisión en manos del estado central o a lo sumo de la comunidad autónoma

Subordinan el interés público a los intereses particulares de las grandes empresas. La prestación de servicios públicos son derechos ciudadanos y derechos humanos por lo que no tienen que garantizarse en régimen mercantil porque no tienen nada que ver con la competencia

Establecen obligaciones relativas a las relaciones laborales que exceden en mucho el objeto de la ley de contratos

Subordinan los derechos de las trabajadoras y trabajadores, la aplicación de la legislación laboral y el respeto a los derechos de la ciudadanía a servicios públicos de calidad, al mantenimiento de negocios privados con cargo a los presupuestos públicos. 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies